Lo ocurrido en
Iguala, estado de Guerrero, es un hecho que lastima nuevamente y con gran
calado a la sociedad mexicana, pero también al género humano por atentar contra
su propia existencia y ofender su dignidad.
No es coincidencia que organismos internacionales y
personalidades del ámbito político y hasta religioso, se hayan pronunciado
sobre la desaparición de personas en México y la ineficacia del gobierno
mexicano para proteger a sus nacionales.
La cuestión comenzó la noche del 26 de septiembre de
2014, cuando un grupo de estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, fue brutalmente atacado por policías municipales de Iguala y criminales
que pertenecen a la asociación delictiva denominada “Guerrero unidos”, misma
que a su vez, se asegura que es el resultado del desmembramiento del otrora
cártel de los Beltrán Leyva.
Esa perversa unión entre delincuentes y policías
resulta de una gravedad extrema, a tal grado, que deja absolutamente indefensos
a los ciudadanos de un estado, inermes ante la clara desventaja en la que se
encuentran, que por decirlo de manera clara, es tanto como presenciar una pelea
de un niño pequeño, contra un boxeador profesional con títulos mundiales y que
además, se encuentra coludido con el réferi, para que favorezca a dicho
boxeador en todo cuanto pueda.
Así de injusta como se presenta la anterior
caricaturización, lo es también la ignominia que se ha cometido en contra de
personas desarmadas, estudiantes, hijos de familias pobres, y en cualquier
caso, mexicanos que tenían y tienen a su favor, todos los derechos inherentes a
un ser humano en general y los que pertenecen a los mexicanos en particular,
bajo los presupuestos de nuestra Constitución y de los tratados internacionales
que México ha ratificado.
Sin ánimo de ser exaltador de persona alguna por no
conocer al detalle la situación particular de cada uno, me atrevería a afirmar,
que se ha atentado contra una base social de este país, que ha luchado desde
tiempo atrás, en contra de instituciones anquilosadas en la corrupción, el
desenfreno y la inequidad como una forma sistemática de funcionamiento político
y social. Y de ahí la extrema gravedad de la cuestión.
En estos hechos, se afirma que fueron policías locales
quienes al detener el convoy de autobuses que trasladaban a los estudiantes,
los obligaron a subir a otros vehículos, para posteriormente entregarlos a uno
de los grupos criminales más violentos de la zona.
Los policías municipales, cuya responsabilidad recae
en el Alcalde de Iguala y en el propio gobernador del estado de Guerrero,
literalmente desaparecieron a 43 personas en dicho ataque, sin que se sepa
absolutamente nada más que la malhadada sospecha de que todos ellos al día de
hoy se encuentran muertos.
A esta misma fecha, nos encontramos con un Alcalde que
“pidió” licencia a su puesto para “no entorpecer” las investigaciones, mismo
que se encuentra ya prófugo de la justicia ante las serias acusaciones de
estar, el y su mujer, implicados y coludidos con bandas de narcotraficantes y
el crimen organizado en la entidad.
Nos encontramos también, con antecedentes de
acusaciones criminales por asesinato en su contra y una petición fallida ante
el Congreso local para su remoción, pero que dicha entidad política al estar
dominada por miembros del mismo partido político que el Alcalde, decidió dar
carpetazo y hacer oídos sordos, a lo que más tarde habría de estallar en un
escándalo ensordecedor, en contra de los mismos miembros del Congreso y
partido.
Asimismo, al día de hoy también tenemos la “licencia”
del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, misma que fue
aceptada por el Congreso de dicha entidad en sesión solemne del día 25 de octubre.
Por qué licencia y no su renuncia, lo intuimos. Cosas
de la política nacional. De esas cosas que la ciudadanía no entendemos, porque
si teniendo la Constitución del estado de Guerrero un artículo 47, fracción
XXIX, que previene la renuncia como una forma de separar al gobernador del
estado, no se explica cómo jurídicamente aceptar una licencia temporal de un
gobernador, que ya se sabe no va a regresar.
Se ve complicidad en uno y otro bando, de una y otra
forma y entre unos actores políticos y otros, sean locales, federales o
municipales. El estado mexicano empieza a oler a fétido, de parte de quienes se
encuentran mal gobernándolo.
El gobierno federal se ha movilizado de una y otra
manera para evitar la acusación internacional de que México no hace nada en
contra de tales actos, y evitar también las acciones, recomendaciones y
cantaletas, que tanto molestan a los gobiernos corruptos, ineficaces y carentes
del mínimo de visión y control sobre su propia actuación.
Funcionarios federales se han reunidos con
representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha habido
intercambio también con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de
las Naciones Unidas para los derechos Humanos, la Organización de Estados
Americanos y la Unión Europea.
Sin embargo, no basta con acercarse a tales organismos
internacionales para tratar de acallar o disminuir su responsabilidad ante lo
ocurrido. Hace falta un compromiso real, que se refleje en acciones concretas,
en este caso de localización de los desaparecidos, no impunidad contra los
agresores, reparación del daños a las víctimas y limpieza integral de los
cuerpos de seguridad, a través de una separación eficaz entre
criminales-Estado.
El asunto que acarrea mayor responsabilidad en contra
del estado mexicano, tiene que ver con esas acciones que, por lo menos hasta
ahora, resulta realmente muy difícil de cumplir, porque hay que llevarlas a
cabo no solamente en Guerrero, sino en Tamaulipas, Estado de México, Baja California
y Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Oaxaca, Jalisco,
Nayarit, y un largo etcétera de entidades en nuestro país.
No nos extrañe que actos como los ocurridos en
Guerrero, surjan también en otras entidades, donde ya hoy conocemos de la
existencia de ese binomio Mafia-Estado, y que la falta de actuación del
Gobierno Federal y los gobiernos locales para hacer una debida separación de
ese macabro dúo de poder, se correlaciona con la consecuente responsabilidad
oficial por omisión, en una primera instancia, y por acción en una segunda, cuando
por el actuar de agentes del estado en colusión con criminales se afecten los
derechos fundamentales de las personas, especialmente en cuanto a libertad,
integridad física y vida.
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